PRONUNCIAMIENTO APDHB

FAMILIAS CAMPESINAS DE COMUNIDADES AGRECOLÓGICAS

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

El Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ante el arbitrario e injusto avasallamiento de tierras de las Comunidades Campesinas Agro ecológicas de: Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra Hermosa por grupos armados subvencionados por los terratenientes de la provincia Velasco en el departamento de Santa Cruz y por comunidades patrocinadas por estos grupos de poder regional; conflicto que a la fecha tiene ya la expulsión violenta de alrededor 300 FAMILIAS, como saldo una veintena de heridos y 20 personas desaparecidas,

MANIFIESTA:

Las tres Comunidades Campesinas Agro ecológicas de Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra Hermosa tienen la absoluta legitimidad de posesión, a pesar que desde el inicio del trámite de dotación de tierras han sufrido una serie de atropellos y vulneraciones por parte de grupos subvencionados por los terratenientes de la zona, habiendo sido varias personas retenidas contra su voluntad y torturadas por grupos como el Comité Cívico de Velasco, la Unión Juvenil Velasquina y la Subprefectura de dicha provincia.

La situación, a la fecha, esta seriamente agravada por el involucramiento de alrededor de ciento cincuenta agentes no estatales armados, que amedrentan a los comunarios desde motocicletas y que vulneran los derechos humanos de los personas a través de acciones de secuestro, tratos crueles, inhumanos y degradantes incluso tortura contra varios dirigentes. Estos mercenarios pagados que responden a los intereses de grupos de poder regional, quienes desconociendo no solo las derechos obtenidos por la comunidad mediante los procedimientos planteados ante el INRA sino los derechos a existir Libremente, a la libre Determinación y Territorialidad, a la titulación colectiva de tierras y territorios, establecidos en la Constitución Política del Estado, así como en instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, han continuado con los actos de violencia y agresión durante los meses de abril y mayo de los corrientes. Los grupos de poder no solo han contado con la participación de estos agentes no estatales en su accionar ilegal, sino que, en pública apología a la violencia y la confrontación, han instigado a familias a usurpar las bienes de las comunidades, habiéndose verificado la deserción y quema de varias viviendas en las comunidades, la depredación de sembradíos y la destrucción de suministros de agua.

A la fecha estos delitos han cobrado el saldo de más de una veintena de personas heridas, torturadas y retenidas desde el inicio del mismo, existiendo varias personas desaparecidas, situación inaceptable en el marco de un Estado de Derecho.

Desde el 28 de abril, el Movimiento Sin Tierra, a quien estarían afiliadas las tres comunidades, mantiene una huelga de hambre en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, huelga iniciada por 9 personas pero que a la fecha, entre bajas y adhesiones cuenta ya con 35 personas de diversas comunidades.

Además, debido a que las comunidades no tienen un lugar donde vivir, han establecido campamentos cerca a la orilla del camino de la Comunidad Los Ángeles, lugar que no tiene ningún tipo de condición mínima de habitabilidad, pues no existe cerca suministros de agua, alimentos, no hay más que vivienda precarias, y muchas de las personas, entre ellas ancianos y niños, estarían padeciendo distintas enfermedades por este deplorable situación.

El accionar estatal a la fecha, con la excepción de las visitas e intervenciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, del Viceministerio de Tierras y del Instituto Nacional de Reforma Agraria, a sido de lentitud exacerbada pues pese a que el Ministerio Público de Santa Cruz a través de su representante, está en conocimiento de los hechos a la fecha no a ordenado el resguardo de la integridad de las personas desplazadas, menos aun a restituido en los derechos de las familias de estas comunidades.

Esta situación se agrava con el pasar de los días, por lo que es necesario que el Estado intervenga protegiendo y garantizado a las personas de las comunidades de Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra Hermosa para que retornen a sus hogares, propiciando la dotación de tierras por conducto regular a las familias que están siendo utilizadas por intereses particulares en este conflicto, llevando ante la justicia a los delincuentes que torturan, secuestran, instigan a la violencia y usurpan la tierra y los derechos de las comunidades afectadas.

Es en este sentido que la ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA, RESUELVE:

1) Condenar enérgicamente los atropellos sufridos por los y las familias de las Comunidades Campesinas Agro ecológicas de Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra Hermosa.

2)Expresar nuestra solidaridad y apoyo en las justas reivindicaciones a las mencionadas comunidades, haciendo énfasis en que la demanda de tierra y territorio está sustentada en un Derecho Humano y por lo tanto, debe ser resguardada por el Estado.

3)Recordar al Estado Plurinacional el Deber de garantía y respeto que tiene con todos los habitantes del territorio boliviano y que la vulneración de los Derechos Humanos también se da por omisión

4) Denunciar ante la opinión pública los hechos acontecidos, EXIGIENDO LA INTERVENCIÓN del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno para ejecutar todas las medidas pertinentes para restituir en sus derechos a las Comunidades y a las personas secuestradas y sancionar a los perpetradores de estos delitos.

5)Respaldar a nuestros compañeros y compañeras de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz, por la valiente defensa que están realizando mediante la presencia en los lugares del hecho y todas las gestiones.

Es imperativo que el Estado actúe con celeridad, evitando que se produzcan más enfrentamientos, muertes, injusticia, e impunidad. Recordar que el DESPLAZAMIENTO FORZOSO es un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, estando como defensores y defensoras de Derechos Humanos dispuestos a acudir a Instancias Internacionales para que se respeten los derechos de las personas afectadas por el conflicto si el Estado en todos sus niveles no da solución oportuna al mismo.

La Paz. 21 de mayo de 2010.

Por el Comité Ejecutivo